Autorizaciones médicas para muertos; celebraciones indebidas de contratos; construcciones y compras no soportadas; pagos irregulares de honorarios a la junta directiva y venta de inmuebles que no aparecen en los registros contables, forman parte del rosario de irregularidades hallado en el manejo administrativo de la EPS Indígena Manexka, entidad definida como “centro neurálgico” del poderoso clan político Pestana.

Dieciocho hallazgos administrativos sacaron a flote irregularidades que suman 47 mil millones de pesos, todo un saqueo para cualquier entidad pública y sobre todo para esta que debía velar por la salud de comunidades indígenas bajo la administración de la Asociación de Cabildos del Resguardo Zenú en Córdoba y Sucre.

Para “defraudar al sistema”, como lo expresó Norman Muñoz, Superintendente Nacional de Salud, los directivos llegaron al colmo de presentar ingresos ficticios por 13.800 millones de pesos en su afán por disfrazar las condiciones financieras de la entidad. Esa fue una de las razones para expedir la Resolución 0527 a través de la cual fue ordenada hace poco la liquidación de la EPS Indígena.

En la mira

Por años esta entidad había sido intocable debido al poder político del cacique Pedro Pestana, condenado a seis años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo y quien sigue burlándose de la justicia desde la cárcel indígena que se construyó, pese a que las cortes Suprema y Constitucional sentenciaron que debe estar preso en otro sitio.

Con una medida preventiva de vigilancia especial, desde el 4 de agosto de 2016 la Supersalud comenzó a cerrar el cerco sobre la administración de la EPS indígena creada el 18 de marzo de 1998. Su nombre Manexka, según la reseña histórica, es un homenaje a la mujer del cacique Mexión, pareja que dio origen a los primeros aborígenes que poblaron esa zona caribeña.

Un mes después, paralelamente, la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía capturó a 11 directivos y exdirectivos de Manexka por el llamado ‘Cartel de las Cirugías’, a través del cual cobraron cerca de 40 mil millones de pesos, por lo que la Fiscalía General les imputó, entre otros delitos, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos y destrucción y supresión de documentos.

La vigilancia especial, ordenada por la Supersalud a la Sociedad de Auditoría & Consultorías, Consulting S.A.S, arrojó en diciembre pasado un dictamen financiero que encendió las alarmas: la EPS indígena “no cumplía” con el patrimonio mínimo requerido para este tipo de entidades, por lo que también violaba las “condiciones de habitabilidad financiera” y los “indicadores de permanencia”; como si fuera poco, en la revisión de los libros de contabilidad, los expertos también hallaron que a 31 de diciembre de 2016 Manexka tenía un “déficit en el margen de solvencia” de 5.316 millones de pesos.

Deficiencias y desorden

Más allá de las defraudaciones detectadas, que son investigadas por la Fiscalía, incluidos otros 15 hallazgos que aún no ha sido cuantificados lo que aumentará el valor de las irregularidades, la EPS Indígena, con 210 mil afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre, también estaba incumpliendo los indicadores de la atención en salud, poniendo en riesgo la vida de sus usuarios.

Pese a que la senadora conservadora Yamina Pestana, hermana del parapolítico condenado, rechazó la liquidación de la EPS y aseguró en un comunicado que el servicio de salud se “prestaba de forma efectiva y eficiente”, la Superintendencia Delegada para los Servicios de Riesgos diagnosticó todo lo contrario en un informe técnico conocido por Emisora Atlántico y Zona Cero.com.

Por ejemplo, en cuanto al llamado componente técnico y científico, la delegada de la Supersalud halló que a finales de 2016 las peticiones, quejas y reclamos contra Manexka se habían incrementado en un 130,6% respecto a 2015. De lo que más se quejaban sus usuarios, en un 74,1%, era de las restricciones en el acceso a los servicios de salud; un 16,5% estaba insatisfecho con el proceso administrativo y el 8,1% rechazaba las deficiencias en la efectividad de la atención médica.

Esas quejas y reclamos resultaron, a la postre, coincidentes con el no cumplimiento de los indicadores de gestión, tanto que la EPS Indígena tenía tasas de mortalidad perinatal, por neumonía, por enfermedad diarreica aguda y enfermedad respiratoria aguda por encima de las líneas de base establecidas para estas patologías; otros indicadores que contradicen lo afirmado por la senadora Yamina Pestana indican que Manexka no cumplía con los esquemas de vacunación para los niños ni las metas de controles prenatales.

La entidad incumplía igualmente la entrega completa de medicamentos.
Y si en la atención de salud era deficiente, en materia jurídica la EPS Indígena era todo un desorden. Tanto que la información que reportaba sobre procesos administrativos y ordinarios o acciones de reparación directa y procesos ejecutivos fue valorada en el informe técnico como “no confiable”.

De acuerdo con los hallazgos, en lo que inexplicablemente sí era efectiva la administración de Manexka era en autorizar atenciones médicas a muertos: en 513 usuarios fallecidos gastaron 733 millones de pesos.